Columna de opinión: NO son "presas".

Históricamente, las mujeres siempre tuvieron a cargo tareas de cuidado como lo son las tareas domésticas, escolares o educativas o la maternidad en sí. Si bien se supone que el sistema penal debe actuar en base a la igualdad, al final del día esto no es así debido a diferentes cuestiones que hay que tener presentes.

El Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) especifica que la discriminación basada en el género es aquella que se ejerce a partir de la construcción social que asigna determinados atributos socioculturales a las personas a partir de su sexo biológico y convierte la diferencia sexual en desigualdad social. 

Por otro lado, los hombres y las mujeres ni siquiera están privados de su libertad en la misma cantidad. Según el informe de 2021 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), la población penitenciaria estaba compuesta por 96.617 varones, 4.476 mujeres, 151 mujeres trans y 23 varones trans.

En todos los tratados internacionales y documentos sobre derechos humanos referidos a la situación de las personas privadas de libertad se contempla especialmente la situación de las mujeres, describiéndolas como parte de un grupo vulnerable. Entonces, lo que se menciona al principio acerca de "actuar con igualdad ante la ley" no puede ser posible debido a las múltiples situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres.

Una de ellas, es la maternidad y el tener personas discapacitadas a su cargo. Esto se puede verificar en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), reformuladas por última vez en 2015, que indican que que deberá capacitarse personal especial para su cuidado, y se dedican especialmente a la situación de las mujeres embarazadas y a la de los niños que habitan con sus madres en situación de encierro (regla N° 28).

Así también en las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes donde se expresa como tratar a mujeres que ya ingresan con niños, a mujeres embarazadas y la atención médica especial que requieren (principalmente las reglas 1, 2, 3, 9, 10, 48, 49, 50, 51 y 52).

Según el Comité de Prevención contra la Tortura de la provincia de Chaco, el 90% de las mujeres que actualmente están privadas de su libertad fueron víctimas tanto de la pobreza como de violencia de género y abusos durante la infancia y adolescencia. El tipo de delito con el que más se las relaciona tiene que ver con infracciones a la Ley de Estupefacientes o por atentar contra la propiedad privada, según datos del mismo Comité, y no con homicidios por ejemplo, que es lo que "preocupa" a mucha gente. Pero para hacer cumplir los derechos de la mujer y de la niñez, muchas veces la única forma es presentando un hábeas corpus.

Este es el trasfondo de las historias de vida de las mujeres privadas de su libertad en Chaco. Quizás por cuestiones burocráticas o de confidencialidad no todas las personas podrán escuchar en primera persona sus testimonios, pero quienes si pueden, como por ejemplo quienes forman parte de la Fundación Bandada y que las acompañan en todo el proceso penal, nos dan a conocer un poco más de cerca la realidad. A partir de esto, se puede reflexionar que ser mujer es difícil, pero ser mujer en un contexto de privación de libertad lo es aún más.

Es por esto, que la mejor manera de comenzar a empatizar y respetar a las mujeres "tras las rejas" es a través del lenguaje performativo tanto en los medios de comunicación, responsables de darle voz y visibilidad a quienes no las tienen, como en la vida cotidiana. Es momento de llamarlas MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD, y no "PRESAS". De aquí también la importancia de la existencia de una fundación como Bandada, que lucha por políticas concretas para poder mejorar la vida de estas mujeres.

Te invito a leer y escuchar más sobre Bandada en esta entrevista.